Esto es un breve ensayo que hice el semestre pasado en derecho constitucional...me gustó y me fue bien, así que ante mi poca creatividad en estos momentos, se los muestro:
No pretendo realizar una extensa investigación al respecto de este tema, sino que plantear una visión crítica de la efectividad de una de las herramientas de protección de derechos más importante (quizás la más importante) de nuestro país: El recurso de protección.
En el centro de nuestro ordenamiento institucional se encuentran los derechos que la Constitución asegura a todas las personas, cuya efectividad está asegurada (al menos en teoría) por los recursos que la constitución otorga a las personas, especialmente el recurso de protección, que sin duda alguna constituye el gran aporte de la Carta Fundamental vigente a nuestro ordenamiento jurídico. Por eso es que toda mirada a los derechos que las personas tienen asegurados en nuestro país debe necesariamente detenerse también en este recurso, que dio vitalidad y practicidad a nuestro ordenamiento, superando la grave deficiencia que se veía en la Constitución de 1925, en la cual la gran mayoría de los derechos consagrados no pasaba de ser una mera declaración que no podía ser protegida efectivamente en la práctica. Don José Luís Cea corrobora esto al afirmar que: “No es difícil comprender que un régimen constitucional que carece de acciones y recursos jurisdiccionales, prontos y eficaces, para cautelar los derechos fundamentales, no es coherente con el Estado de Derecho y la democracia”[1]
Sin embargo, la efectividad de estos mecanismos está sumamente cuestionada hoy en día, pues las cifras que han mostrado expertos como Gastón Gómez Bernales (su libro “Derechos Fundamentales y Recurso de Protección) nos muestran que alrededor de un 75, 8 % de los recursos presentados (entre 1990 y 1998) fueron rechazados, ya sea porque fueron declarados inadmisibles (35,4%) o porque finalmente fueron rechazados (40,4%). Apenas un 7,9% ha sido aceptado. Entre muchas causas podemos encontrar para esto dos posibles fenómenos que no son menores en la práctica jurídica. El primero pasa por la complejidad y burocracia que muchas veces se requiere para poder interponer estos recursos, lo que deja a un número no menor de la población muy dificultado para poder ejercer estas acciones constitucionales dado que no cuentan con los fondos para un abogado, o porque simplemente no comprenden el procedimiento, lo que plantea desafíos a la hora de modernizar la justicia y hacerla accesible a todos, de manera que se cumple efectivamente eso de “dar a cada uno lo suyo”. El segundo, que no es menor, pasa por una mentalidad demasiado legalista que pesa sobre nuestra población y que nos lleva a pensar que todo tiene solución a través del derecho. Así vemos como se produce un abuso de los instrumentos que la Constitución y las leyes otorgan para la protección de nuestros derechos, lo que acarrea el debilitamiento e inaplicabilidad de estos. Y aún mas grave es el hecho de que se busca solucionar por medio de los tribunales problemas que simplemente deben ser tratados desde la perspectiva de la convivencia y entendimiento entre las personas, es decir, cosas que simplemente pueden ser solucionadas conversando como personas cuerdas que comprenden que sus acciones inciden en el bien común. Como me comentaba un amigo licenciado en derecho hace unas semanas (y que me inspiró a escribir este ensayo), “es insostenible la posición de quienes pretenden solucionar todos los problemas de convivencia a través del derecho y los tribunales”. Quizás ese sea otro gran desafío para quienes están abocados a trabajar por el derecho (y también para quienes vamos en camino hacia eso), el poder entender y hacer entender que el derecho y sus herramientas no son soluciones mágicas a todos los problemas que nos aquejan, y por eso mismo es que somos seres racionales llamados a vivir en comunidad, porque somos capaces de solucionar los problemas menores a través del dialogo y el consenso.
Así, el desafío es para “ambos lados”. Por una parte, los tribunales, jueces, abogados, juristas, estudiantes y todos los que hacemos del derecho nuestra carrera debemos hacer esfuerzos por comprender el derecho como la valiosa herramienta que es, pero no tenerla jamás como la panacea que solucionará todas nuestras angustias cuando en realidad también el dialogo, la política y otros elementos pueden ser métodos efectivos para restablecer la paz y seguir avanzando en la construcción del Bien Común. Así mismo, toda la población ha de asumir esta conciencia y aprender que también las herramientas mencionadas pueden ser efectivas para solucionar los problemas que los aquejan en diversos ámbitos.
En fin, el derecho y las acciones que otorga, como el recurso de protección deben ser ponderados en su verdadero valor y jamás mirados en más o en menos por nadie, sino que en su justa medida.
[1] Cea Egaña, José Luís, Derecho Constitucional Chileno, Tomo II: Derechos, Deberes y Garantías; Ediciones Universidad Católica 2003
No pretendo realizar una extensa investigación al respecto de este tema, sino que plantear una visión crítica de la efectividad de una de las herramientas de protección de derechos más importante (quizás la más importante) de nuestro país: El recurso de protección.
En el centro de nuestro ordenamiento institucional se encuentran los derechos que la Constitución asegura a todas las personas, cuya efectividad está asegurada (al menos en teoría) por los recursos que la constitución otorga a las personas, especialmente el recurso de protección, que sin duda alguna constituye el gran aporte de la Carta Fundamental vigente a nuestro ordenamiento jurídico. Por eso es que toda mirada a los derechos que las personas tienen asegurados en nuestro país debe necesariamente detenerse también en este recurso, que dio vitalidad y practicidad a nuestro ordenamiento, superando la grave deficiencia que se veía en la Constitución de 1925, en la cual la gran mayoría de los derechos consagrados no pasaba de ser una mera declaración que no podía ser protegida efectivamente en la práctica. Don José Luís Cea corrobora esto al afirmar que: “No es difícil comprender que un régimen constitucional que carece de acciones y recursos jurisdiccionales, prontos y eficaces, para cautelar los derechos fundamentales, no es coherente con el Estado de Derecho y la democracia”[1]
Sin embargo, la efectividad de estos mecanismos está sumamente cuestionada hoy en día, pues las cifras que han mostrado expertos como Gastón Gómez Bernales (su libro “Derechos Fundamentales y Recurso de Protección) nos muestran que alrededor de un 75, 8 % de los recursos presentados (entre 1990 y 1998) fueron rechazados, ya sea porque fueron declarados inadmisibles (35,4%) o porque finalmente fueron rechazados (40,4%). Apenas un 7,9% ha sido aceptado. Entre muchas causas podemos encontrar para esto dos posibles fenómenos que no son menores en la práctica jurídica. El primero pasa por la complejidad y burocracia que muchas veces se requiere para poder interponer estos recursos, lo que deja a un número no menor de la población muy dificultado para poder ejercer estas acciones constitucionales dado que no cuentan con los fondos para un abogado, o porque simplemente no comprenden el procedimiento, lo que plantea desafíos a la hora de modernizar la justicia y hacerla accesible a todos, de manera que se cumple efectivamente eso de “dar a cada uno lo suyo”. El segundo, que no es menor, pasa por una mentalidad demasiado legalista que pesa sobre nuestra población y que nos lleva a pensar que todo tiene solución a través del derecho. Así vemos como se produce un abuso de los instrumentos que la Constitución y las leyes otorgan para la protección de nuestros derechos, lo que acarrea el debilitamiento e inaplicabilidad de estos. Y aún mas grave es el hecho de que se busca solucionar por medio de los tribunales problemas que simplemente deben ser tratados desde la perspectiva de la convivencia y entendimiento entre las personas, es decir, cosas que simplemente pueden ser solucionadas conversando como personas cuerdas que comprenden que sus acciones inciden en el bien común. Como me comentaba un amigo licenciado en derecho hace unas semanas (y que me inspiró a escribir este ensayo), “es insostenible la posición de quienes pretenden solucionar todos los problemas de convivencia a través del derecho y los tribunales”. Quizás ese sea otro gran desafío para quienes están abocados a trabajar por el derecho (y también para quienes vamos en camino hacia eso), el poder entender y hacer entender que el derecho y sus herramientas no son soluciones mágicas a todos los problemas que nos aquejan, y por eso mismo es que somos seres racionales llamados a vivir en comunidad, porque somos capaces de solucionar los problemas menores a través del dialogo y el consenso.
Así, el desafío es para “ambos lados”. Por una parte, los tribunales, jueces, abogados, juristas, estudiantes y todos los que hacemos del derecho nuestra carrera debemos hacer esfuerzos por comprender el derecho como la valiosa herramienta que es, pero no tenerla jamás como la panacea que solucionará todas nuestras angustias cuando en realidad también el dialogo, la política y otros elementos pueden ser métodos efectivos para restablecer la paz y seguir avanzando en la construcción del Bien Común. Así mismo, toda la población ha de asumir esta conciencia y aprender que también las herramientas mencionadas pueden ser efectivas para solucionar los problemas que los aquejan en diversos ámbitos.
En fin, el derecho y las acciones que otorga, como el recurso de protección deben ser ponderados en su verdadero valor y jamás mirados en más o en menos por nadie, sino que en su justa medida.
[1] Cea Egaña, José Luís, Derecho Constitucional Chileno, Tomo II: Derechos, Deberes y Garantías; Ediciones Universidad Católica 2003
2 comentarios:
Jorge:
He escuchado muchas críticas a este abuso del recurso de protección. Pero mirandolo desde otra perspectiva, no sería realmente un abuso si aquellos recursos presentados aún no cumpliendo los requisitos que establece la ley fueran acogidos?.
Por otra parte, recojo el hecho de nuestra mentalidad legalista de creer que todo se resuelve por medio de recursos legales. Aunque es necesario señalar que ciertos atropellos a nuestros derechos fundamentales no pueden ser solucionados por "comisiones" ni "consesos consensuados".
En fin, sin caer en la típica idea de crear más burocracia si considero que necesario reforzar el resguardo de nuestros derechos (haciendo lo propio con el recuerdo de los deberes) a través de instancias que estén al alcance para todos, como puede ser la figura de un defensor ciudadano (ombudsman), no reemplazando la figura de los tribunales, sino acercando las herramientas jurídicas a toda la población.
Un saludo
¡Qué bien! Veo que no te has dejado enceguecer por la luz del constitucionalismo proteccionista... me parece muy bien observar la realidad de manera crítica. Muy bien el vínculo con el tema de vivir en comunidad y estar abiertos al diálogo. Al final, esto de judicializarlo está animado, en mi opinión, por un esfuerzo por reemplazar la Política por el Derecho.
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